Desde el 1 de octubre, la institucionalidad ambiental cambiará radicalmente en el país. Con la puesta en marcha de la ley 20.417, por fin el ministerio de Medio Ambiente será un ente que funcione en la práctica, y junto a el nacerán la Superintendencia de Fiscalización Ambiental y el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA).