Después de un año y medio de discusión, el congreso chileno aprobó una ley que crea el Ministerio de Energía, que deberá coordinar los planes, políticas y normas para el funcionamiento y desarrollo del sector.

El proyecto de ley separa las funciones de política pública y rectoría, que quedarán a cargo del nuevo ministerio, de aquellas de tipo regulatorio, que seguirán en manos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). ctualmente, ambas funciones eran responsabilidad de la CNE, cuyo titular tenía el rango de ministro de Estado.

La iniciativa también reordena el sector público en materia energética y agrupa las funciones propias de este ámbito, resolviendo la dispersión actual, modificando además la dependencia de la CNE,  la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y la Comisión Chilena de Energía Nuclear, las que dependerán del ministerio de Energía.

Junto al nuevo ministerio de Energía se crea la futura Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que se suma al existente Centro de Energías Renovables.

“Con la creación de este ministerio se reforzarán los esfuerzos para continuar con la diversificación de la matriz y para hacer un uso más eficiente de la energía de manera permanente y constante, como requiere el país para hacer además frente al cambio climático”, afirmó el ministro de Energía, Marcelo Tokman.

Funciones. En materia de funciones, el nuevo ministerio de Energía se hará cargo de algunas de las labores que están radicadas en los ministerios de  Minería, como determinar los precios de paridad contenidos en los fondos de estabilización de precios del petróleo y la suscripción de los contratos especial de operación de hidrocarburos.

También asumirá las competencias que el Ministerio de Economía tenía asignadas en materia de gas y electricidad (concesiones definitivas, sistemas de transporte, explotación de servicios eléctricos y suministro, dictación de reglamentos), entre otras.

Por otra parte, se establece que el Ministerio debe contemplar la promoción de las energías renovables no convencionales y la eficiencia energética, el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, y las políticas de energización social y rural, entre otras.

En la ley, se incorporó la facultad para fijar estándares de mínimos de eficiencia energética, prohibir la comercialización de productos ineficientes y determinar los productos que deben contar con un certificado de eficiencia energética.

Junto con ello, el Ministerio  tendrá la posibilidad de solicitar información, en el ámbito propio de sus funciones a organismos públicos, entidades y empresas del sector energía y a los usuarios no sujetos a regulación de precios (grandes consumidores de energía).

Via America Economia
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